"Las órdenes ejecutivas del presidente en materia de ciudadanía e idioma oficial se alinean con prácticas globales aceptadas, mientras que los esfuerzos sistemáticos por bloquearlas podrían considerarse una obstrucción ilegítima de la voluntad popular por parte de un poder judicial politizado."
No es imprescindible estar siempre de acuerdo con Donald Trump, pero evaluar sus medidas con objetividad resulta fundamental para evitar sucumbir a la demagogia progresista o a la manipulación de los medios globalistas, quienes, de facto, manejan una agenda contraria a cualquier acción realizada por la nueva administración mediante titulares sensacionalistas. Entre los cambios más significativos que afectan a la comunidad hispana en Estados Unidos destacan dos: la eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento y la declaración del inglés como idioma oficial. Estas propuestas, defendidas como instrumentos para reforzar la soberanía nacional, han desatado controversia entre sectores de la población, que critican sin informarse adecuadamente sobre el contexto de estas medidas. A continuación, las analizaremos desde una perspectiva internacional.
Eliminar la ciudadanía automática por nacimiento.
El principio de ius soli (derecho de suelo) no es universal. Solo alrededor de 30 países lo aplican de forma incondicional, es decir, otorgando ciudadanía automáticamente independientemente del estatus migratorio de los padres (excluyendo hijos de diplomáticos o fuerzas extranjeras ocupantes). Entre ellos, predominan naciones americanas como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador y Jamaica. Fuera de América, se incluyen Pakistán, Chad, Lesoto y Fiji. Esta práctica, aunque minoritaria a nivel global (15% de las naciones), tiene raíces históricas en el continente americano, ligadas a la colonización británica y políticas de poblamiento.
Por otro lado, algunos países aplican un ius soli condicional, como Colombia, Australia, Irlanda y Alemania (desde 2000, si un progenitor tiene residencia permanente por al menos tres años y lleva ocho años en el país). Sin embargo, la mayoría de los países (aproximadamente 160 de 194, un 82%) siguen el ius sanguinis (derecho de sangre), donde la ciudadanía se hereda de los padres. Esto es común en Europa (excepto casos condicionales como Alemania o Portugal), Asia (China, Japón, India, Corea del Sur), África (Sudáfrica, Nigeria) y Oceanía (Nueva Zelanda, que eliminó el ius soli incondicional). Países como República Dominicana han restringido explícitamente esta práctica para hijos de inmigrantes indocumentados.
Globalmente, la tendencia ha sido restringir el ius soli por preocupaciones migratorias, como ocurrió en India (2004), Malta y Reino Unido (1983, que exige residencia estable de los padres). Estados Unidos se alinearía con la mayoría mundial abandonando esta norma.
Declarar el inglés como idioma oficial.
Trump estableció el inglés como idioma oficial a nivel federal, un cambio simbólico dado que, aunque no había un idioma oficial en Estados Unidos, el inglés predomina y está reconocido como oficial en 32 de los 50 estados. Comparado globalmente, de los 194 países reconocidos por la ONU:
La tendencia mundial favorece establecer idiomas oficiales para estandarizar la administración, educación y comunicación. Declarar el inglés como oficial en Estados Unidos se alinearía con esta norma.
Restringir la ciudadanía por nacimiento no parece tan descabellado al analizar el contexto internacional, donde el ius sanguinis domina y coincide con los esfuerzos de la administración para frenar la inmigración ilegal, promesa hecha en campaña.
En definitiva, las ordenes ejecutivas de Trump sobre ciudadanía e idioma oficial, aunque controvertidas para algunos, reflejan prácticas globales: el 82% de los países limita el ius soli (derecho de suelo), y el 91% tiene uno o varios idiomas oficiales.
Estas órdenes ejecutivas han sido desafiadas por algunos jueces y estados progresistas, lo que podría comprometer el funcionamiento de la administración. ¿Por qué esto resulta peligroso? Los intentos sistemáticos de bloquear las órdenes del presidente Trump podrían interpretarse como una obstrucción ilegítima de la voluntad popular manifestada en las elecciones. Esto tiene el potencial de erosionar la confianza en el sistema judicial y en el principio de "check and balance" que caracteriza a la república de los Estados Unidos, fortaleciendo narrativas que presentan al poder judicial como politizado o como una élite que actúa en contra de los intereses del pueblo.
