La fiscal general Pamela Bondi será la encargada de crear un grupo de trabajo para restaurar y proteger la libertad religiosa en EE. UU.
En un movimiento audaz para defender los valores cristianos, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero de 2025 la Orden Ejecutiva 14202, que dio origen al "Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano", liderado por la fiscal general Pamela Bondi. Anunciado el 22 de abril de 2025, esta iniciativa busca identificar y eliminar políticas, prácticas o conductas en agencias federales que hayan perjudicado a los cristianos durante la administración anterior. Con la participación de figuras clave como los secretarios Marco Rubio, Pete Hegseth y Robert F. Kennedy Jr., el grupo de trabajo promete restaurar la libertad religiosa y proteger los derechos de los cristianos en Estados Unidos.
Durante la administración Biden, los cristianos enfrentaron lo que muchos consideran un ataque sistemático a su fe. Un ejemplo claro fue el uso del Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act para procesar a activistas provida, como los que rezaban pacíficamente frente a clínicas de aborto. Estas personas, motivadas por sus creencias cristianas, fueron objeto de duras sanciones legales, mientras que las agresiones contra iglesias y centros provida apenas recibían atención. Según CatholicVote, desde mayo de 2020, se han registrado más de 400 ataques contra iglesias católicas en Estados Unidos, incluyendo incendios provocados, destrucción de estatuas de Jesús, María y santos —a menudo decapitadas—, robos de tabernáculos con hostias consagradas y grafitis con mensajes anticatólicos.
Muchos de estos incidentes, especialmente entre 2020 y 2021, fueron vinculados a la retórica de Black Lives Matter (BLM), que algunos activistas interpretaron como una justificación para atacar símbolos cristianos, acusándolos de representar la “supremacía blanca”. Por ejemplo, en 2020, Shaun King, un referente de BLM, llamó a destruir estatuas de Jesús y la Virgen María, lo que coincidió con actos vandálicos como la profanación de la iglesia St. John’s en Washington, a pesar de que esta apoyaba la causa de BLM. Además, durante las protestas de BLM, se vandalizaron estatuas católicas como las de San Junípero Serra en California y otras en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, con pintadas de frases como “No justice, no peace” o “BLM”.
Desde 2022, los ataques se intensificaron por parte de extremistas proaborto tras la revocación de Roe v. Wade, sumando más de 140 incidentes en 10 meses. A pesar de la gravedad, solo el 25% de estos casos resultaron en detenciones locales, y no se han reportado procesamientos federales bajo la Ley FACE, que también protege lugares de culto. La administración Biden ha sido criticada por su silencio, con CatholicVote señalando que el Departamento de Justicia prometió revisiones sin resultados concretos.
Además, un memorando del FBI señaló a los católicos tradicionales como posibles amenazas, generando indignación por su tono discriminatorio. Otro caso alarmante fue la declaración del 31 de marzo de 2024, coincidiendo con el Domingo de Pascua, como el Día de la Visibilidad Transgénero, una decisión percibida como un desprecio directo a una de las festividades cristianas más sagradas. Las universidades cristianas también enfrentaron multas y restricciones, mientras que el IRS investigó a iglesias por supuestas violaciones fiscales, a menudo sin fundamento claro. Las familias cristianas que buscaban ser padres de acogida fueron excluidas en algunos casos debido a sus creencias, limitando su capacidad de vivir su fe a través del servicio. Estos ejemplos reflejan un entorno hostil que, según defensores como la Catholic League, buscaba marginar a los cristianos en la esfera pública.
Bajo la administración Trump, este panorama está cambiando. El grupo de trabajo de Bondi ya ha tomado medidas concretas, como desestimar casos injustos bajo el FACE Act y redefinir su aplicación para proteger la libertad de expresión y culto. Bondi ha enfatizado el compromiso del gobierno con los derechos de la Primera Enmienda, asegurando que los cristianos puedan practicar su fe sin temor a represalias. La fuerza de tarea también está recopilando testimonios de organizaciones religiosas y gobiernos estatales para abordar cualquier política federal que promueva el sesgo anticristiano, con informes periódicos al presidente que garantizarán transparencia y acción.
Este esfuerzo no solo responde a las preocupaciones de los cristianos, sino que reafirma el compromiso de Trump con la libertad religiosa como pilar fundamental de la nación. Mientras críticos como la Interfaith Alliance cuestionan la iniciativa, argumentando que privilegia al cristianismo, los defensores ven en ella una corrección necesaria tras años de políticas que, en su opinión, atacaron la fe mayoritaria de Estados Unidos. El grupo de trabajo de Bondi marca un punto de inflexión, prometiendo un futuro donde los cristianos puedan vivir su fe con dignidad y sin persecución.
