Los manifestantes pro-Palestina ocuparon la Biblioteca Butler, exigiendo desinversión de Israel. La universidad, bajo presión federal, impuso verificaciones de identificación y acusó de intrusión a los no afiliados.
Una protesta pro-Palestina en la Universidad de Columbia culminó el 7 de mayo con decenas de arrestos y una respuesta sin precedentes por parte de la institución, que exigió a los manifestantes mostrar identificaciones universitarias para evitar cargos por intrusión. Alrededor de 100 manifestantes, organizados por la coalición 'Columbia University Apartheid Divest' (CUAD), ocuparon la sala de lectura principal de la Biblioteca Butler, renombrándola "Basil-Al-Araj Popular University" y exigiendo que la universidad detuviese la inversión en empresas vinculadas a Israel, cierre su centro global en Tel Aviv y reintegre a grupos estudiantiles suspendidos.
La protesta, que incluyó tambores, pancartas y cánticos, causó disturbios, con vandalismo reportado y dos oficiales de seguridad pública heridos. La universidad, respaldada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), bloqueó la salida de los manifestantes hasta que presentaran identificaciones universitarias. Aquellos sin afiliación a Columbia enfrentaron advertencias de arresto por intrusión, una medida que refleja preocupaciones sobre "agitadores externos". Entre 40 y 80 personas fueron detenidas, muchas escoltadas con bridas y trasladadas en furgones policiales.
La presidenta interina, Claire Shipman, condenó la protesta como un "riesgo grave" para la seguridad del campus, citando el caos y las lesiones a los oficiales. La intervención policial, completada en horas, fue acompañada por una solicitud de presencia continua de la NYPD para prevenir más disturbios. En redes sociales, como X, algunos usuarios celebraron las medidas, sugiriendo que los controles de identificación podrían facilitar la revocación de visas de estudiantes internacionales involucrados.
Esta respuesta estricta marca un cambio significativo respecto a protestas anteriores, como la del "Campamento de Solidaridad con Gaza" en 2024, que resultó en más de 100 arrestos pero careció de verificaciones sistemáticas de identificación. La nueva postura de Columbia se atribuye a la presión de la administración Trump, que en marzo de 2025 cortó $400 millones en fondos federales a la universidad por supuestamente no abordar el antisemitismo en protestas pro-palestinas. La amenaza de más sanciones, junto con el precedente de Harvard —que perdió $9 mil millones en fondos y emitió una disculpa para recuperarlos— parece haber motivado a Columbia a alinearse con las demandas federales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se revisarán las visas de los "intrusos y vándalos" involucrados, aumentando los temores entre los 13,000 estudiantes internacionales de Columbia. La universidad también ha fortalecido la seguridad desde 2024, restringiendo el acceso al campus a portadores de identificaciones, contratando investigadores privados y autorizando a su policía a realizar arrestos. Estas medidas, junto con suspensiones y expulsiones previas a estudiantes por protestas, indican un enfoque más controlado para evitar sanciones.
Estas medidas reflejan un compromiso con el restablecimiento del orden y la ley en las universidades estadounidenses, en sintonía con los esfuerzos de la administración Trump para garantizar la seguridad estudiantil frente a ideologías radicales y conductas disruptivas. Al imponer controles estrictos y colaborar con las autoridades, Columbia demuestra su determinación para proteger el campus y prevenir la escalada de protestas que amenacen la estabilidad institucional, marcando un precedente positivo para otras universidades en el país.
