Un testimonio en el Congreso de EE.UU. ha desencadenado una investigación sobre la financiación del terrorismo por parte de USAID, tras revelarse que 122 millones de dólares fueron destinados a entidades vinculadas a Hamas, Hezbollah y afiliados de Al-Qaeda. Podrían derivarse consecuencias penales.

Por invitación de la congresista Marjorie Taylor Greene (R-GA), presidenta del Subcomité para Lograr la Eficiencia Gubernamental (DOGE) del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, Gregg Roman, director ejecutivo del Foro de Oriente Medio (MEF), pidió al Congreso que inicie una investigación criminal de funcionarios federales y líderes de organizaciones benéficas que, a sabiendas, dispensaron ayuda extranjera a organizaciones vinculadas al terrorismo. Tras el testimonio del Sr. Roman, el representante Greene se comprometió a considerar la posibilidad de presentar “remisiones penales” al Departamento de Justicia.

“Este comité, basándose en esta audiencia y los testimonios de los testigos, considerará recomendar investigaciones y remisiones penales”, dijo el representante Green.

La audiencia se produjo inmediatamente después de un informe del MEF de Sam Westrop, director de Islamist Watch, que exponía el financiamiento del terrorismo en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El estudio de varios años fue el resultado de la investigación y la promoción del MEF en busca de la reforma de USAID y que se remonta a la administración Obama. Roman advirtió que más de 164 millones de dólares en subvenciones aprobadas, de los cuales 122 millones terminaron apoyando a organizaciones radicales y vinculadas al terrorismo, se canalizaron a través del programa de ayuda exterior de USAID. Esto incluye entidades vinculadas a afiliados de Hamás, Hezbolá y Al-Qaeda.

"No se trata sólo de fraude, despilfarro o abuso", dijo Roman. "Es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, y potencialmente criminal, y este comité debería tomar medidas para garantizar que el Departamento de Justicia actúe en consecuencia y haga todo lo que esté en el poder del Congreso no sólo para investigar, sino también para remitir las acciones criminales a las autoridades correspondientes".

Roman señaló hoy que “un ciudadano privado no puede hacer esto, pero si el gobierno quiere dar dinero a una organización terrorista [actualmente, a través de USAID], está bien”.