La corte dictaminó que la restitución constituía una multa excesiva que viola la Octava Enmienda.

La corte de apelaciones anuló la multa de $500 millones por fraude civil contra el presidente Donald Trump en el caso de alto perfil presentado por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

La División de Apelaciones de Nueva York anuló la multa, dictaminando que la restitución constituía una multa excesiva que viola la Octava Enmienda.

El panel de cinco miembros confirmó las conclusiones de que Trump y su empresa eran responsables, afirmando que James actuó dentro de su autoridad y que la medida cautelar para frenar las prácticas de la Organización Trump era apropiada.

El fallo deja intacta la responsabilidad, pero elimina la enorme multa financiera de $364 millones más intereses, que asciende a aproximadamente $500 millones.

Trump recurrió a Truth Social para declarar una "victoria total" y arremeter contra James y el juez de primera instancia, Arthur Engoron.

"¡VICTORIA TOTAL en el FALSO caso de la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James!", escribió Trump.

Respeto profundamente que la Corte tuviera el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a las empresas de todo el estado de Nueva York. Otros temían hacer negocios allí. La cantidad, incluyendo intereses y multas, superó los 550 millones de dólares. Fue una cacería de brujas política, en el sentido empresarial, como nadie antes había visto.

También criticó el caso como interferencia electoral, afirmando que se juzgó durante su campaña presidencial de 2024, al tiempo que elogió al juez David Friedman, quien emitió una opinión discrepante parcial.

Friedman escribió que el verdadero objetivo de James era político y argumentó que todo el caso debería ser desestimado. Afirmó que su "objetivo final no era la higiene del mercado... sino la higiene política, que terminaría con el descarrilamiento de la carrera política del presidente Trump y la destrucción de su negocio inmobiliario".

Friedman criticó duramente el uso por parte de James del Artículo 63(12) de la Ley Ejecutiva de Nueva York, que otorga al fiscal general del estado amplias facultades para interponer demandas civiles por fraude.

Escribió que era un caso sin precedentes y de carácter político, que otorgaba a James "un poder prácticamente ilimitado para procesar a sus enemigos políticos".

Friedman escribió que los acuerdos comerciales de Trump involucraban a partes sofisticadas que se beneficiaban sin perjudicar al público y concluyó que "revocaría la sentencia y desestimaría la denuncia".

"El artículo 63(12) nunca se ha utilizado de la forma en que se está utilizando en este caso, es decir, para atacar transacciones comerciales privadas y exitosas, negociadas en igualdad de condiciones entre partes altamente sofisticadas, plenamente capaces de supervisar y defender sus propios intereses", escribió Friedman.

"Todas las partes en estas transacciones privadas se beneficiaron generosamente de los acuerdos, de los cuales no hubo ningún efecto negativo perceptible en el interés público".

Dado que los jueces estaban divididos sobre la responsabilidad, es probable que el caso se dirija ahora al Tribunal de Apelaciones, el tribunal más alto de Nueva York.

James, una fiscal general demócrata elegida en 2018, ha tenido a Trump en la mira durante mucho tiempo. Durante su campaña, lo llamó "presidente ilegítimo" y se comprometió a "utilizar todas las ramas de la ley" para investigarlo a él y a sus negocios.

Desde que Trump regresó al cargo, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación ante un gran jurado contra James y ha emitido citaciones relacionadas con el caso de fraude civil contra Trump, según se ha infromado.

James ha alegado que Trump está utilizando al gobierno federal para perseguirla políticamente. El Departamento de Justicia también la investiga por presunto fraude hipotecario, que incluye la falsificación de su residencia principal en préstamos para viviendas en Virginia y Nueva York. Ella niega las acusaciones y afirma que Trump está detrás de la maniobra, calificándola de "gira de venganza" por la demanda civil por fraude.