Los apagones masivos revelan el colapso de un sistema incapaz de garantizar servicios básicos. La represión y las excusas del gobierno solo agravan la desesperación de una población al límite.

Cuba está sumida en una oscuridad literal y metafórica. Los apagones masivos, que afectan a más de la mitad del país durante las horas pico, no son solo un inconveniente técnico, sino un síntoma devastador de un sistema económico y político en ruinas. Esta crisis energética, que se ha agudizado en 2025, ha desatado protestas, cacerolazos y un creciente descontento social, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel se limita a repetir la vieja cantaleta del embargo estadounidense y a prometer soluciones que nunca llegan. La realidad es implacable: décadas de desinversión, negligencia y priorización de intereses políticos sobre el bienestar ciudadano han llevado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) al borde del colapso, dejando a millones de cubanos sin electricidad, agua, alimentos refrigerados ni esperanza.

Una infraestructura en ruinas

El SEN cubano es un cadáver sostenido por parches ineficaces. Las principales termoeléctricas, como la Antonio Guiteras y la Felton, operan con tecnología obsoleta, construidas hace décadas y deterioradas por la falta de mantenimiento. Según expertos, Cuba necesitaría entre 8 y 10 mil millones de dólares en una década para modernizar su infraestructura eléctrica, una cifra inalcanzable para una economía que en 2023 se contrajo un 1.9% y no muestra signos de recuperación. La dependencia de combustibles importados, que cubren dos tercios del consumo nacional, agrava la situación, ya que el país carece de divisas para adquirirlos. La producción local de crudo, de baja calidad y alto contenido de azufre, daña aún más las plantas, acelerando su deterioro.

El gobierno ha recurrido a medidas desesperadas, como alquilar plantas flotantes turcas que generan hasta el 25% de la electricidad consumida, o implementar microsistemas eléctricos regionales. Sin embargo, estas soluciones son insuficientes y costosas, y no abordan la raíz del problema: un modelo económico centralizado que reprime la inversión extranjera, ahoga la iniciativa privada y desvía recursos hacia sectores como el turismo, mientras los hospitales y hogares permanecen a oscuras. En 2025, los hoteles de lujo siguen iluminados, pero los cubanos enfrentan cortes de hasta 20 horas diarias, una contradicción que alimenta la indignación popular.

Impacto en la vida cotidiana: Más allá de la oscuridad

Los apagones no solo apagan las luces; paralizan la vida. Sin electricidad, las bombas de agua dejan de funcionar, los alimentos se descomponen en refrigeradores inservibles, y los hospitales operan al límite, poniendo en riesgo vidas. En provincias como Holguín y Camagüey, los cortes han alcanzado las 24 horas, obligando a suspender clases y cerrar instituciones estatales. La población recurre a cocinar con leña o carbón, mientras la escasez de gas licuado genera colas interminables. Esta situación, agravada por una inflación galopante y la dolarización de la economía, ha empujado a los cubanos al borde de la desesperación.

El impacto social es innegable. Los apagones han sido el detonante de protestas históricas, como las del 11 de julio de 2021 y las de marzo de 2024 en Santiago de Cuba. En octubre y noviembre de 2024, cacerolazos y bloqueos de calles con basura reflejaron la furia contenida de una población que ya no cree en las promesas del régimen. En redes sociales, figuras como Yoani Sánchez han documentado la magnitud del colapso, describiendo barrios enteros sumidos en la oscuridad durante días, con alimentos echados a perder y un “drama inmenso” en cada hogar. Estas manifestaciones, a menudo reprimidas con fuerza policial, multas y encarcelamientos, evidencian que los cubanos ya no ven los apagones como un problema técnico, sino como una afrenta directa del gobierno.

La narrativa del régimen: Excusas y represión

El discurso oficial del gobierno cubano es tan predecible como ineficaz. Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero insisten en culpar al “bloqueo” de Estados Unidos, alegando que dificulta la importación de combustible y repuestos. Si bien el embargo tiene un impacto, los expertos señalan que la crisis es principalmente el resultado de décadas de mala gestión. La falta de inversión en energías renovables, que representan solo el 4% de la generación eléctrica, y la priorización de gastos en turismo y represión sobre infraestructura básica son decisiones internas, no impuestas desde el exterior.

En lugar de soluciones, el régimen ofrece paliativos y represión. Medidas como el Decreto 110, que permite planificar apagones de hasta 72 horas, o la promesa de modernizar plantas sin financiamiento creíble, no convencen a una población agotada. Las protestas son sofocadas con patrullas policiales y cortes de internet, una táctica recurrente para silenciar el descontento. Mientras Díaz-Canel asegura que “no hay dinero” para resolver la crisis, el gobierno encuentra recursos para mantener tropas antidisturbios y hoteles vacíos iluminados, una burla a las necesidades del pueblo.

Un futuro incierto: ¿Incompetencia o desprecio?

La pregunta que resuena entre los cubanos es si esta crisis es producto de una incompetencia absoluta o de un desprecio deliberado hacia la población. La respuesta parece ser una combinación de ambas. El régimen ha demostrado una incapacidad crónica para gestionar servicios básicos, atrapado en un modelo económico que no genera crecimiento ni atrae inversión. Al mismo tiempo, su obsesión por mantener el control político, priorizando la represión y la propaganda sobre el bienestar ciudadano, sugiere una indiferencia profunda hacia el sufrimiento de los cubanos.

Sin un cambio estructural, la crisis energética no tiene solución a la vista. La modernización del SEN requiere financiamiento internacional y apertura económica, pero el gobierno se resiste a reformas que impliquen ceder poder. Mientras tanto, los cubanos enfrentan un 2025 marcado por la oscuridad, la escasez y la incertidumbre, con un régimen que parece más interesado en perpetuarse que en encender la luz al final del túnel.

Un llamado a la acción

La comunidad internacional no puede seguir ignorando esta catástrofe humanitaria. La ayuda ofrecida por países como México, Colombia y Venezuela es un gesto, pero insuficiente sin un plan integral que presione al gobierno cubano para priorizar a su pueblo. Los cubanos merecen más que promesas vacías y represión; merecen un sistema que funcione, una economía que los sostenga y un gobierno que los escuche. Hasta que eso ocurra, cada apagón será un recordatorio de que la luz no solo se pierde en los cables, sino en la esperanza de un futuro mejor y una Cuba libre.