Un juez de inmigración autoriza la deportación del activista palestino por liderar protestas anti-Israel en Columbia. El fallo fortalece la capacidad del presidente Trump para neutralizar activismos que amenazan los intereses nacionales.
Un juez de inmigración en Louisiana dictaminó el 11 de abril de 2025 que Mahmoud Khalil, un exestudiante de la Universidad de Columbia y activista palestino, puede ser deportado de Estados Unidos por su papel en las protestas pro-palestinas en el campus universitario durante 2024. La decisión, tomada por la jueza Jamee Comans, ha generado un intenso debate sobre los derechos de libertad de expresión, las políticas migratorias y la línea entre activismo y apoyo al terrorismo. Este caso, es el primero en el marco de la cruzada de la administración de Donald Trump para revocar visas y residencias a estudiantes extranjeros involucrados en protestas anti-Israel.
Mahmoud Khalil, de 30 años, un residente de origen palestino, fue arrestado el 8 de marzo de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su apartamento en Nueva York. Las autoridades federales lo acusaron de liderar actividades alineadas con Hamás, un grupo designado como organización terrorista por Estados Unidos.
Durante la audiencia del 11 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que Khalil tergiversó información en su solicitud de residencia permanente al no divulgar su empleo en la oficina siria de la Embajada Británica en Beirut, su pasantía no remunerada con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y su participación en el grupo estudiantil Columbia University Apartheid Divest (CUAD). Según el DHS, estas omisiones constituyen "fraude o tergiversación intencional de hechos materiales", lo que lo hace inadmisible en el momento de su ajuste de estatus migratorio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la deportación en una carta presentada al tribunal, invocando una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que permite expulsar a no ciudadanos cuya presencia en el país pueda tener "graves consecuencias adversas para la política exterior". Rubio acusó a Khalil de participar en "protestas antisemitas y actividades disruptivas" que crean un "ambiente hostil para los estudiantes judíos", afirmando que su presencia compromete los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el antisemitismo a nivel global.
La administración Trump ha defendido enérgicamente la decisión, argumentando que tiene el derecho y la obligación de proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior. Según esta postura, Khalil no solo participó en protestas que, en su opinión, promovieron el antisemitismo, sino que también ocultó información crítica en su solicitud de residencia, lo que justifica la revocación de su estatus migratorio. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue tajante al declarar que Khalil "odia a América" y que quienes "abogan por la violencia, glorifican y apoyan a terroristas que se deleitan con el asesinato de estadounidenses, y acosan a judíos" no tienen lugar en el país.
El gobierno sostiene que las protestas anti-Israel, como las lideradas por Khalil en Columbia, cruzaron la línea al respaldar implícitamente a Hamás, especialmente tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Trump, durante su campaña, prometió revocar visas de estudiantes extranjeros involucrados en estas manifestaciones, calificándolas de "pro-terroristas, antisemitas y antiamericanas". La administración argumenta que permitir que activistas como Khalil permanezcan en el país socava los esfuerzos para proteger a las comunidades judías y contrarrestar el terrorismo, un objetivo prioritario de su política exterior.
Además, el caso de Khalil se enmarca en una ofensiva más amplia contra universidades que, según el gobierno, han tolerado el antisemitismo. Un día antes de su arresto, la administración Trump canceló aproximadamente $400 millones en fondos federales para Columbia, acusándola de no proteger a los estudiantes judíos de acoso. Esta acción refuerza el mensaje de que las instituciones educativas deben alinearse con las prioridades del gobierno o enfrentar las consecuencias.
