El presidente de España, Pedro Sánchez, envuelto en un escándalo internacional ante la liberación de delincuentes sexuales.
Por: Sady Chavez
El presidente español, Pedro Sánchez, está sumido en una tormenta política después de que una ley de consentimiento sexual introducida por su gobierno resultara en la liberación anticipada de la prisión de los delincuentes sexuales.
Sánchez enfrenta crecientes llamados para modificar la ley de “Solo sí es sí”, la ley trataba de evitar que las víctimas fuesen presionadas sobre cuestiones de consentimiento en los tribunales, pero su aplicación ha provocado la reducción de las penas de prisión a más de 250 delincuentes sexuales peligrosos, lo que ha provocado la indignación pública.
La capacidad de respuesta de Sánchez está limitada por su socio de coalición, el grupo de izquierda radical Podemos, que considera la ley como uno de los logros clave de sus ministros y se resiste a cambios significativos.
A este punto, ante la grave negligencia de la administración Sánchez para revisar la ley y sus posibles consecuencias antes de su aprobación, incluso después de las diferentes quejas y preocupaciones presentadas por la oposición, y encontrándose al comienzo de un año electoral en el que busca la reelección, el Ministro de la Presidencia del Partido Socialista, Félix Bolaños, ha tratado de salir al rescate apaciguando las críticas asegurando que Sánchez estaba dispuesto a respaldar las enmiendas, “queremos corregir la ley del "Sí es sí" para palear esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro”, expresó.
También Pilar Alegría, Ministra de Educación y Portavoz del Partido Socialista reconoce: "hemos comprobado que a la hora de la aplicación de la misma se han encontrado efectivamente, pues fallos, distintas sentencias, que nadie, nadie pensaba".
El partido VOX ha sido el único en oponerse firmemente a la ley del "Solo sí es sí" desde el comienzo, presentando una Enmienda a la Totalidad en el mes de septiembre en la que señalaban claramente los fallos que presentaba esta ley y la consecuente posible reducción de condenas en muchos casos.
"No es que no se podía saber [los resultados de la ley], es que lo sabían, y a pesar de ello, votaron esta ley, sabiendo que iban a salir violadores y pederastas a la calle. Así que ahora que no digan que no se podía saber, que no digan que van a consultar expertos, que pidan perdón y que dimitan, porque cada violación que se produzca por parte de aquellos que han soltado es culpa de ellos, de cada uno de ellos, que votó a favor de esa ley" declara Ivan Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de VOX.
Pero el Partido Podemos, cuyos votos Sánchez necesita para aprobar la legislación en el parlamento, continúa negando la realidad de las fallas de esta ley y va un paso más allá, insistiendo en que el problema no era la ley sino la forma en que los jueces la aplican.
Irene Montero, Ministra de Igualdad de España y miembro de Unidas Podemos, responsable de esta ley, declaró que los jueces que tomaron esas decisiones eran parte de una "ofensiva de la derecha contra uno de los avances más importantes en políticas públicas del feminismo de los últimos 20 años".
La nueva ley dice que el consentimiento sexual debe comunicarse claramente y no puede asumirse cuando la víctima permanece en silencio. Como resultado, eliminó la distinción anterior entre abuso sexual y el delito más grave de agresión sexual, que implica violencia, pero al re-categorizar los delitos, también abrió la puerta para que ciertas sentencias existentes se viesen reducidas, lo que ha llevado a que decenas de delincuentes sean liberados de prisión al haber cumplido el tiempo requerido.
